Editorial por Ximena Moya
Cada vez que Chile enfrenta dificultades económicas, la ciencia aparece en el mismo saco de todos los recortes. Se habla de austeridad, de prioridades, de responsabilidad fiscal y, ahora, de empleo. Pero reducir la inversión en conocimiento como medida de ahorro es una decisión que limita el desarrollo del país.
Las becas, los fondos de investigación y los programas de intercambio no existen para beneficiar exclusivamente a quienes hacen ciencia. Son la base sobre la que se construyen las soluciones que, años después, llegan a la sociedad y también a la industria, fortalecen las políticas públicas y mejoran la calidad de vida de las personas. Quedarse solo con la medida de ahorro, y dejar de invertir en el proceso que la hace posible, demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona la ciencia y la creación de conocimiento.
No hay innovación sin investigación, como tampoco hay desarrollo tecnológico sin una cultura que permita adoptarla. Tampoco hay transferencia tecnológica sin conocimiento que transferir. Y no habrá desarrollo sostenible mientras se debiliten las capacidades que permiten generar nuevas soluciones para los miles de desafíos del país.
Chile tiene condiciones que muchos países quisieran: los cielos más privilegiados del mundo para la astronomía, una costa inmensa, biodiversidad única y minerales estratégicos para la transición energética. Pero ninguna de esas ventajas genera valor por sí sola. Lo hace el conocimiento que somos capaces de desarrollar a partir de ellas.
Seguir recortando el exiguo presupuesto de ciencia chileno es, en el fondo, como administrar una empresa en quiebra: el síndico paga a los acreedores según el orden que la ley establece, hasta donde alcanzan los recursos, en lugar de construir una estrategia de futuro invirtiendo en el conocimiento que se va a generar y en quienes lo harán.
Hoy la discusión debería centrarse en la brecha real. Chile invierte 0,4% de su PIB en I+D, menos de un sexto del promedio OCDE (2,67%). De ese total, el sector privado financia apenas 41%, muy por debajo del 65% que aportan las empresas en las economías más desarrolladas. Hasta ahora siguen ausentes las iniciativas concretas o los incentivos capaces de cerrar esa brecha.
La ciencia y la transferencia tecnológica no pueden seguir pagando los platos rotos de las decisiones de reducción del gasto corriente. Esta partida tiene fundadas razones para recibir un tratamiento similar al de Defensa nacional: el conocimiento que producen los grupos de investigación es considerablemente más trascendental que desconectar electrodomésticos sin uso o apagar luces. Es la inversión que le permite a un país descubrir, generar conocimiento, desarrollar tecnología y construir un futuro soberano.