- La innovación y la transferencia tecnológica se consolidan como una expresión central de la misión pública universitaria, orientada a enfrentar desigualdades, crisis estructurales y brechas productivas.
- El fortalecimiento de la propiedad intelectual y de la vinculación con empresas ha ido de la mano con un mayor énfasis en la interfaz ciencia-sociedad, en un escenario que exige agilidad sin perder autonomía académica.
En un contexto marcado por transformaciones aceleradas, crisis múltiples y una creciente demanda por soluciones con impacto social, la innovación y la transferencia tecnológica han pasado a ocupar un lugar estratégico en la misión de las universidades públicas. Lejos de entenderse como actividades complementarias, hoy se proyectan como herramientas centrales para poner el conocimiento al servicio del desarrollo del país y del fortalecimiento de sus capacidades públicas y productivas.
Desde la Universidad de Chile, esta mirada se articula explícitamente con su carácter público y su responsabilidad histórica. “La Universidad de Chile entiende la innovación y la transferencia no como funciones accesorias, sino como una expresión contemporánea de su misión pública”, plantea Anahí Urquiza, profesora titular y directora de Innovación de la casa de estudios. En ese marco, innovar no se reduce a generar nuevos productos o patentes, sino a orientar el conocimiento hacia la resolución de problemas estructurales y al bien común, especialmente en un país atravesado por profundas desigualdades, crisis de diversos tipos y desconfianza institucional.
Uno de los principales nudos que enfrenta este desafío es la relación entre el mundo académico y el sector productivo. Persisten, según Urquiza, barreras culturales e institucionales que no se explican solo por voluntades individuales, sino por desajustes históricos entre los tiempos del mercado y los tiempos del conocimiento. “Existen desconfianzas mutuas construidas por años de falta de intermediación adecuada”, señala, subrayando que este es un problema de carácter estructural.
En respuesta a ese diagnóstico, la universidad ha optado por una estrategia institucional de fortalecimiento de la intermediación. “Desde la Universidad hemos asumido que este no es un problema individual, sino institucional, y por ello hemos fortalecido capacidades profesionales de interfaz, traduciendo lenguajes, alineando expectativas y generando reglas claras que resguarden tanto la autonomía académica como la colaboración. Pero es un camino que recién estamos comenzando”, advierte Urquiza.
La tensión entre la urgencia social de ciertos desafíos y los tiempos propios de la investigación también forma parte del debate. Desde la Dirección de Innovación, la respuesta es clara: autonomía y pertinencia no son conceptos opuestos. “La autonomía académica no compite con la urgencia social del conocimiento; por el contrario, la hace posible. Una universidad sin autonomía pierde su capacidad crítica”, sostiene. En ese contexto, observa una comunidad académica cada vez más consciente de su rol público y con una apertura creciente hacia la innovación, el emprendimiento y la transferencia, aunque con ritmos diversos según disciplinas y trayectorias.
A nivel estructural, la reflexión se amplía hacia el ecosistema de vinculación entre academia, industria y Estado. Para Urquiza, un modelo virtuoso debe sustentarse en condiciones habilitantes claras. “Un ecosistema basado en confianza, con reglas simples, intermediación sólida, perspectiva de largo plazo, con financiamiento orientado a misiones país y un Estado activo que articule, regule y proteja el interés público”, resume.
En materia de propiedad intelectual, una de las críticas recurrentes desde empresas y startups apunta a la lentitud y complejidad de los procesos universitarios. Desde la institución reconocen esa percepción y la asumen como un desafío de mejora. “La crítica es legítima y la hemos asumido como un desafío de mejora institucional”, afirma Urquiza. En ese marco, se han impulsado avances orientados a simplificar procesos y flexibilizar modelos de licenciamiento, especialmente para emprendimientos de base científico-tecnológica, sin renunciar al resguardo del patrimonio público.
Ese esfuerzo convive, sin embargo, con limitaciones propias de las universidades del Estado, lo que ha motivado el trabajo conjunto a nivel sistémico. En paralelo, también se avanza hacia una mirada más amplia del impacto de la propiedad intelectual. “Estamos avanzando hacia una evaluación de impacto que supere el conteo de patentes. Nos interesa medir cómo la propiedad intelectual contribuye al desarrollo productivo, al bienestar social, a la sostenibilidad ambiental y al fortalecimiento de capacidades en los territorios”, explica.
Finalmente, la estrategia institucional cumple un rol central al definir qué camino debe seguir cada resultado de investigación. “La decisión debe considerar el tipo de conocimiento, su potencial transformador y el mecanismo más adecuado para que ese conocimiento llegue efectivamente a la sociedad”, concluye Urquiza, subrayando que el desafío no pasa por patentar más o menos, sino por gestionar la propiedad intelectual de manera responsable, con impacto real, sentido público y legitimidad social.